María Eva Duarte. Muerte. Desperonización y Necrofilia

 

LAWFARE y DOBLE VARA

                                   

Aun cuando los diarios de mayor circulación y medios afines intenten “tapar el sol con las manos”, ignorando toda nota sobre el escándalo del “Lawfare” en nuestro país (law: ley; warfare: guerra), que en criollo no es nada más, ni nada menos, que una asociación criminal pergeñada entre funcionarios políticos, judiciales y empresarios de grandes medios de comunicación, destinada a la persecución de opositores políticos o enemigos particulares elegidos según los fines espurios concebidos. Como toda “guerra” en que se trata de buscar una causa de justificación que la amerite, se mezclan genéricos conceptos éticos y morales de pretenso resguardo a la República, para a continuación desbarrancar en una insólita organización criminal en la que se distribuyen roles que cada parte debe cumplir en función del objetivo: la destrucción total del adversario o su rendición sin condiciones.

De tal forma, las acciones guerreras vienen precedidas con gran estrépito de denuncias mediáticas en las primeras páginas o noticieros de periodistas integrantes de la tropa. Le seguirá la denuncia formal de un funcionario o militante político, provocando la intervención de un funcionario judicial afín (siempre y cuando este no dé plácet de oficio), quién pondrá en marcha el aparato jurídico destinado a dar un falso viso de legalidad a la acción tendiente al procesamiento y eventual condena del oponente, con todo el estrépito y repudio popular que fuere consecuente. Un símil utilizado en todos los tiempos, desde que Jesús de Nazaret fuese sometido al “vox populi” del jurado elegido por sus acusadores, en un doble juicio inquisitorio. Ya sabemos cómo terminó la historia: Jesucristo en el Gólgota de su crucifixión; el homicida Barrabás absuelto del flagelo, luego de que el Prefecto de Judea Poncio Pilatos realizara el más famoso “lavado de manos” de la historia de la humanidad, hasta que llegó la pandemia del Coronavirus.

Esta “doble vara” llevó a que la asociación para la guerra política-mediática-judicial, impulsara tiempo ha una burlesca causa penal contra el Juez Sebastián Casanello, en base a la falsa noticia de que había mantenido “una” entrevista en la residencia de Olivos, con la entonces Presidente Cristina Fernández. El armado de la denuncia vino desde la propia Agencia Federal de Inteligencia, utilizando los oficios de un Fiscal coparticipe de la trama: Eduardo Miragaya. Las pruebas: dos testigos que avalaron la existencia del hecho: Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino. El primero, empleado de ANSeS. El Segundo, chofer de la Secretaría General de la Presidencia.

Los medios hegemónicos cumplieron fielmente su cometido, dando amplia publicidad en primera plana a la supuesta visita del Juez Casanello a Olivos, como rotunda expresión de su falta de imparcialidad en juicio. El mal uso del “peine” por el Fiscal y el Abogado Querellante Santiago Viola (defensor en otra causa de uno de los hijos de Lázaro Báez), provocó que los testigos se contradijeran una y otra vez. Ante la incontrastable prueba aportada por testimonios, registros de libros de entrada, y vídeos de las cámaras de vigilancia residencial, se ordenó el archivo de la causa contra el Juez Casanello, disponiéndose concomitantemente la remisión al fiscal en turno, de copia de las declaraciones de los testigos de cargo, para la apertura de una causa penal por Falso Testimonio, que involucrara además al Fiscal y el Abogado querellante, por utilizar como prueba la falsedad de las declaraciones. Corizzo y Scozzino admitieron sus mentiras ante el Fiscal actuante Patricio García Elorrio, acordando en un juicio abreviado la pena de tres años en suspenso por el delito de falso testimonio. El Juez Rodríguez sobreseyó a Miragaya y a Viola, acto que fue apelado por Casanello y se encuentra en trámite.

La “doble vara” de políticos - ayer oficialistas y hoy opositores -, y de grandes medios de comunicación afines, es utilizada para ocultar la oscura trama de la asociación ilícita pergeñada durante el gobierno de “Juntos por el Cambio”, utilizando algunos Jueces y Fiscales con asentamiento en Comodoro Py, para la persecución judicial y mediática de quienes vislumbraran como sus adversarios en una eventual contienda electoral que, en definitiva, como es de público y notorio, no logró los frutos esperados en cuanto al resultado del sufragio, pero sí en el menoscabo de las personas que fueran víctimas del escarnio contra toda “presunción de inocencia”. Condición de inocencia que, como lo tiene dicho nuestra Carta Magna y reiterada praxis judicial en la materia, solo se pierde ante una condena firme que declare lo contrario, una vez agotadas todas las instancias del proceso.

Este pacto secreto de asociación ilícita en los oscuros laberintos de la democracia, ha sido puesto contemporáneamente en evidencia por otros medios de circulación limitada, haciéndose eco de las abrumadoras pruebas aportadas por el Portal de Noticias “El Destape”. Rápidamente, ante sus colegas y la opinión en general, los funcionarios judiciales involucrados intentaron soslayar sus responsabilidades funcionales, arguyendo como descargo una estrecha relación social con el ex Presidente Macri (Gustavo Hornos), o encuentros meramente deportivos (Mariano Borinsky), sea en sus reiteradas visitas a Casa Rosada, fuere en los jardines de Olivos. Lo realmente sugestivo era el efecto inmediato de tales reuniones: una causa que se abre o un procesamiento que cae sobre ciertos opositores políticos o adversarios en el ámbito empresarial. Hasta el lego en la materia hubiese preguntado a estos magistrados: ¿si eran tan compinches, porque no se excusaron de decidir en cuestiones que involucraban directa o indirectamente al Presidente Macri, sea como denunciador, fuere como denunciado?. Entre otras, la causa por espionaje que ordenaron trasladar desde el Juzgado de Lomas de Zamora, a los vientos rioplatenses favorables de Comodoro Py.

Como en estos casos generalmente las huellas digitales se evitan con la franela o con el guante, para ello estaba el inefable abogado Fabián Rodríguez Simón (a. “Pepín”), con tiempos y despachos compartidos en la mismísima casa de gobierno, donde además de tener habituales reuniones “informales” con Fiscales, Jueces y hasta dos miembros de la Corte Suprema, desde allí citaba y notificada a futuros adjudicatarios de sus denuncias seriales, coaccionándolos de diversas maneras: la medalla o el oprobio personal y familiar. Por supuesto, todo ello con la anuencia de circunstanciales Presidentes de la CSJN, ciertos Jueces de la Alzada y del Tribunal de Comodoro Py que eran “sorteados” sin sorteo, como de algún Fiscal en rebeldía imputado de chantaje y otros chanchullos más, que sigue en el cargo con la anuencia de un Procurador Fiscal Nacional Interino, que vino por unos días y se quedó para siempre.

Intramuros, la mayoría de los integrantes del Poder Judicial, sea en el ámbito y rama que fuere, mira azorado estas enojosas cuestiones que, mal que pese, por acción de algunos involucra a todos ante la opinión ciudadana que los mira con rencor y recelo. Si estos casos se investigasen con objetividad y diligencia, con una “profilaxis” jurídica desprovista de toda especulación política, habremos dado un gran paso en resguardo a la independencia de uno de los tres poderes formales del estado, que es un pilar republicano. Y, fundamentalmente, a la publicidad y credibilidad de las sentencias judiciales, para que aquellos a los que van dirigidas, entiendan con claridad las razones de hecho y de derecho en que se fundan. En definitiva, volver hacia tiempos mejores que jamás debieron dejarse de lado. De aquellos principios jurídicos básicos que predicaba Domicio Ulpiano: “vivir honestamente, no dañar a los demás, y dar a cada uno lo suyo”.